Asociaciones de residencias reclaman coordinación con Sanidad y financiación También solicitan ante las Cortes de Aragón la creación de la figura del «protector del mayor».

Sep 7, 2020

Las asociaciones de residencias, centros de asistencia y para la dependencia de Aragón han reclamado este lunes en las Cortes la coordinación con el departamento de Sanidad y financiación que aporte a este sector los recursos que necesita, así como la creación de la figura del protector del mayor.

Representantes de estos tres colectivos han expuesto este lunes ante los diputados de la Comisión especial de estudio sobre la Red de Centros Asistenciales de Mayores de Aragón sus propuestas, en la segunda sesión de trabajo de este órgano constituido en el Parlamento autonómico para analizar posibles modificaciones legales para la mejora de la gestión de estos centros.

Ha recordado la «rabia, desconsuelo y la frustración» que han vivido durante la pandemia por la covid-19 y el daño «reputacional y psicológico» que se les ha hecho al relacionar «muertes con residencias», un daño que «no merecen», así como que el sector está «en bancarrota» y abocados muchos centros al cierre.

«Poca ayuda»

Morata ha destacado que llevan años desde el sector, el «gran olvidado», trabajando para poner a las personas en el centro y darles una atención integral centrada en las personas y que se trabaja «muy bien» en Aragón para «la poca ayuda» que tienen porque son «servicios sociales, no sanitarios», al tiempo que ha denunciado que los usuarios de sus centros «no han sido prioritarios» y que la crisis de la covid-19 no ha sido social «sino sanitaria», por lo que ha pedido más coordinación con Sanidad y mayor financiación.

Desde la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), Paquita Morata ha recordado que el perfil de sus usuarios son mujeres mayores de 84 años con algún tipo de demencia y ha reclamado que médicos y enfermeras acudan a sus centros porque están al «arbitrio» de los centros de salud y aunque la normativa dice que son prioritarios, «no es así».

Unas reclamaciones que ha compartido desde la Asociación de Residencias de Ancianos y Servicios de Atención a los Mayores (Lares) Emilia Bergasa, quien ha resaltado que sus centros «cuidan» a las personas mayores pero «no las curan», al tiempo que ha insistido en que las residencias «son víctimas» y «no la causa» de la pandemia.

Bergasa ha puesto también el acento en la financiación, recordando que la mayor parte de residentes no tienen recursos ni pueden acceder a plazas concertadas, de las que se han ofertado 1.182 y ellos tienen 282, ni acceder a residencias privadas cuyo modo de vida es el cobro «real» de los servicios prestados.

Lares percibe de las plazas concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales una cuantía de 52,81 euros al día, lo que representa 1.584 euros mes, y en una residencia de 70 plazas y cumpliendo los ratios «no cubre ni el coste», ha dicho.

A la dificultad para el sostenimiento de los centros con ingresos insuficientes, se ha unido con la pandemia el incremento de gastos en los EPI (más de 20.000 euros en algunas residencias) y también en tabletas o en la contratación de mas personal.

Entre sus reivindicaciones a los diputados, la necesidad de coordinación con los centros de salud, el aumento de la cuota del concierto para mejorar el servicio y las ratios de los trabajadores, determinar el significado de «responsable sanitario», y que la administración asuma las PCR y se cumpla la ley de dependencia.

Residencias «hogares»

El último en intervenir en esta segunda sesión de la Comisión Especial de estudio ha sido el presidente de la Asociación de Centros de Asistencia y Servicios Sociales de Aragón (Acassa), José Ángel Fuentes, quien ha apuntado que se debe tender hacia residencias «hogares», con estándares de calidad, potenciar a las personas «y no el usuario», con sectorizaciones de grupos cerrados de usuarios y trabajadores que generen empatía y que se cree una guía de leyes e instrucciones interdepartamentales para unificar criterios entre las provincias.

Porque existen distintos procedimientos de cobro de las plazas concertadas entre las provincias, ha apuntado Fuentes, quien también cree necesaria la existencia de un «coordinador» entre el Gobierno de Aragón y las residencias que existe durante la gestión de la pandemia y está siendo «positivo», así como que se medicalicen las residencias.

Ha pedido también que se cree la figura del «protector del mayor» y leyes que permitan su dignificación y que se potencien las ayudas vinculadas a los servicios y no las ayudas directas.